17 de mayo, 2024 CDMX, Ciudad de México
FGR obtiene vinculación a proceso en contra de 11 servidores públicos
La Fiscalía General de la República
(FGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos
contra la Libertad de Expresión (FEADLE), obtuvo vinculación a proceso en
contra de 11 servidores públicos de Izúcar de Matamoros, Puebla, por la
presunta comisión de delitos cometidos para encubrir agresiones en contra de
dos periodistas.
El caso inició debido a las agresiones
que sufrieron dos periodistas detenidas en el marco de las manifestaciones
públicas por el Día de la Mujer en Izúcar de Matamoros. Los servidores públicos
presuntamente realizaron actos para ocultar las agresiones y vejaciones en
contra de las víctimas desde su detención hasta que fueron liberadas.
Abel “S”, Víctor “V”, Alberto “H”, José
“T” y Mariela “M”, todos elementos de la policía municipal; Jesús “V”, quien
ostentaba el cargo de Juez Calificador; Yeralda “V”, auxiliar jurídica de la
Sindicatura, y Luis “P”, asesor jurídico; asimismo, Marco "E",
director de Seguridad Pública Municipal, Santiago “M”, coordinador jurídico del
municipio y Omar “F”, síndico municipal. Todos, fueron vinculados por su
probable responsabilidad en el delito de falsedad de informes dados a una
autoridad, ya que probablemente modificaron y falsearon los informes sobre la
investigación de la privación de la libertad de las comunicadoras, con la
finalidad de ocultar las vejaciones de las que fueron objeto durante su
detención.
Adicionalmente, se vinculó a proceso por
el delito de ejercicio indebido de funciones públicas, en contra de Jesús
"V", quien ejercía el cargo de Juez Calificador, sin contar con el
título de Licenciado en Derecho que exigía la normatividad correspondiente para
ese cargo.
Asimismo, para garantizar la presencia
de las y los servidores públicos vinculados durante el proceso, así como la
seguridad de las periodistas, a petición del agente del Ministerio Público
Federal (MPF), el juzgador impuso a los imputados las medidas cautelares
consistentes en la prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, así
como un plazo de investigación complementaria por dos meses.